Carlos Sánchez
Actualmente el mundo se encuentra en la inercia de una crisis económica sin precedentes, alimentada por una disminución de la confianza en las instituciones financieras aunado a un fuerte debilitamiento de su capital. Los Estados Unidos, cuna de la actual debacle, ha implementado un plan de rescate de alrededor de 700 mil millones de dólares con el fin de apuntalar a los grandes consorcios financieros: bancos, aseguradoras, hipotecarias y armadoras de autos. La magnitud del efecto expansivo de la crisis aún no alcanza su punto más alto y ya se comienzan a percibir sus primeras consecuencias.
En México, desde finales de 2008 se inició un proceso de deterioro del aparato productivo que comenzó a reflejarse en la pérdida de empleos, situando la tasa de desempleo en alrededor de 4.3% al cierre de 2008. Uno de los niveles más altos desde la crisis de 1995. Además, para 2009 se espera una contracción del Producto Interno Bruto de alrededor de uno por ciento; una disminución de cerca de 10 por ciento en la entrada de remesas que envían año con año a nuestro país los 10 millones de mexicanos del otro lado de la frontera norte, valuadas en cerca de 25 mil millones de dólares, así como una disminución en los ingresos de la federación por el concepto de ventas petroleras, pues el precio promedio del barril de petróleo para 2009 se calculó en 80 dólares, teniendo a la fecha, la mitad de ese precio en el mercado.
Situación crítica al representar los ingresos petroleros el 40% de las finanzas públicas. Además, la cartera vencida del sistema bancario ha ido en aumento, representando poco más del 10 por ciento de las 51 millones de personas que acceden al crédito al consumo, de las cuales, el 80% cuenta con más de un instrumento crediticio. El valor de nuestra moneda ha venido retrocediendo de forma consistente hasta llegar a niveles de más de 15 pesos por dólar y el Banco de México a utilizado 22 mil 89 millones de dólares, de la reserva internacional de divisas, de octubre de 2008 a febrero de este año para proveer de liquidez al mercado y apuntalar el precio del peso mexicano, una cuarta parte de las divisas que el Banco Central tenía a principios de octubre de 2008.
En este escenario, se hace necesaria la acción del gobierno en un entorno recesivo. Sin embargo, además de la acción obligada, es importante visualizar esta situación de crisis como una oportunidad para llevar a cabo las tareas pendientes del pasado, algunas rezagadas por décadas, y que de llevarse a cabo, no sólo coadyuvarán a aminorar el impacto de la situación actual sino también allanarán el camino para un fortalecimiento económico del país a largo plazo. A continuación se presentan tres de ellas:
FORTALECIMIENTO E IMPULSO DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) Y DE LAS MICROEMPRESAS
Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) que son bien administradas llegan a ser una fuente de empleo y de riqueza; también contribuyen a la estabilidad social y generan ingresos fiscales. Existe una relación positiva entre el nivel de ingresos de un país y el número de PyMEs; los países en vías de desarrollo como México presentan un amplio mercado inexplorado para las grandes compañías el cual en colaboración con las PyMEs podrían realizar una sinergia exitosa. Las PyMEs también son una fuente de innovación, ya que tienen como característica el especializarse en algún sector del mercado y aplicar estrategias competitivas que las distingue del resto de las compañías con lo cual podría darse una reestructuración de los servicios y una ampliación del mercado.
En las economías de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) las PyMEs y microempresas representan el 95% de las compañías, entre el 60 y 70% del empleo y el 55% del PIB, generando la mayor parte del empleo. En los países en vías de desarrollo, más del 90% de las empresas fuera del sector agrícola son PyMEs y microempresas.
A pesar de la capacidad que tienen para la generación de empleos, en México no existe una política clara que fomente su desarrollo e impulse la generación de nuevas empresas. La crisis actual ha venido mermando los empleos estables a un ritmo decreciente durante 2008, pasando de una variación anual positiva de 525 mil 386 trabajadores afiliados al IMSS en enero de 2008 a una variación negativa de de 37 mil 535 trabajadores. El valor de las exportaciones y las importaciones de nuestro país como porcentaje del PIB es de alrededor del 30% en ambos indicadores, lo cual indica que el mercado interno y su fortalecimiento han venido perdiendo terreno en los últimos años, haciendo la economía más dependiente del mercado externo. La baja existencia de proveedores y la calidad de éstos, así como la baja existencia de cadenas de valor y relación entre empresas y la poca sofisticación en los procesos de producción redundan en un mercado local relativamente primitivo y limitado con respecto al de países desarrollados.
Bajo este panorama, es importante ejecutar dos acciones. La primera debe ir encaminada a mantener el funcionamiento de las PyMES ya existentes y la segunda a facilitar la creación de nuevas.
Para alcanzar el primer objetivo es necesaria la aplicación de un esquema creciente de estímulos fiscales a las empresas que mantengan constante su planta laboral y que amplíen la misma, el diseño y la aplicación de un esquema de reducción de costos en el pago de servicios de comunicaciones de voz y datos así como de transporte físico de mercancías y la implementación de un sistema de fortalecimiento de negocios que permita a las empresas eficientar sus procesos internos de organización, eliminar la redundancia de funciones y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para reducir costos de operación y abrir nuevos mercados para su producción.
Para alcanzar el segundo objetivo, se hace necesaria la simplificación de requisitos para la apertura de nuevos negocios, la coordinación con programas universitarios de incubación de empresas tanto tradicionales como de nuevas tecnologías, la construcción y adecuación de espacios para el asentamiento de empresas, los cuales pueden ser acondicionados y rentados por gobiernos locales, así como el fortalecimiento del mercado interno y la capacidad de compra de las localidades. Será importante explorar la posibilidad de impulsar nuevos negocios bajo el esquema del cooperativismo, con el fin de impulsar los valores propios de esta modalidad y fomentar una mayor cohesión social y un sentido de pertenencia de las comunidades en torno a este eje de acción.
AMPLIACION DEL GASTO PÚBLICO EN INFRAESTRUCTURA
La ampliación del gasto público es una medida de corte keynesiano, utilizado en el período de la Gran Depresión de los Estados Unidos en los años 30.
Esta medida puede ser utilizada como una herramienta de doble incidencia. Por un lado, una ampliación del gasto público orientado a la inversión en infraestructura física y después tecnológica permitiría en el corto plazo la generación de empleos. En el horizonte lejano, una fuerte y bien planeada inversión en un sistema de comunicación nacional, generaría un fuerte impacto positivo en la economía. Según el reporte de competitividad global del Foro Económico Mundial 2008 - 2009, México ocupa el lugar 68 por la extensión y efectividad de su infraestructura, de un total de 134 economías analizadas. A la fecha existe un importante número de poblaciones en nuestro país que se encuentran en una situación de aislamiento, lo que provoca un estancamiento del ciclo económico. Al estar limitada la movilidad de personas y mercancías, se restringe también la posibilidad de fomentar el comercio y la movilidad de dichos factores. Aunado a lo anterior, es imprescindible detonar las economías locales, apoyando el campo y la empresa familiar, lo cual sumado a un esfuerzo de mejoramiento en la infraestructura permitiría la reactivación de la economía y el inicio de un mejoramiento de los ingresos familiares.
Otro punto importante en este sentido, es la reconstrucción de una red de ferrocarriles nacionales. Los sistemas de este tipo, facilitan la movilidad por el territorio nacional.
Una medida como ésta, permitiría en el largo plazo no sólo dar un impulso y salto de calidad en la transportación de mercancías, sino respaldar y otorgar una mayor viabilidad al turismo, con el fin de hacer de éste, una herramienta más del desarrollo nacional aumentando la participación de los servicios turísticos en el PIB nacional.
Esta primera medida, se hace necesaria por la escasez y falta de calidad en la infraestructura de comunicaciones físicas a nivel nacional. Esta etapa de crisis debe ser vista también como una oportunidad para levantar proyectos de este tipo, rezagados en nuestro país desde hace décadas. Rescatar las comunidades rurales del aislamiento en que se han encontrado durante años, significa dar pasos hacia un verdadero fortalecimiento de las economías locales y el mercado interno. Además, es importante relanzar la privilegiada posición geográfica de nuestro país, entre el océano Atlántico y el Pacífico, puente entre la América del Norte y Latinoamérica, como eje de la planeación en la construcción de caminos, carreteras, puertos y terminales aéreas.
Por otra parte y de forma paralela, está la inversión pública en infraestructura tecnológica. Nuestro país se caracteriza por una baja disponibilidad de nuevas tecnologías, una baja absorción de éstas por parte de las compañías y poca regulación de las tecnologías de información. Además, existen 53 usuarios de telefonía móvil por cada 100 habitantes, 19 de cada 100 personas utilizan Internet, 3 de cada 100 están suscritos a un servicio de banda ancha y 14 de cada 100 habitantes tienen una computadora. El acceso telefónico y a Internet, la movilidad de voz y datos es un factor importante en el abatimiento de costos de las pequeñas y medianas industrias.
La Internet se ha convertido en pocos años en un universo de información, a través del cual se pueden contactar proveedores, distribuidores y en sistemas avanzados, permite la concreción de transacciones comerciales, literalmente en minutos. Este esquema representa un ahorro importante en gastos de movilidad, de publicidad, de ventas, de infraestructura de operación, que permiten a la pequeña empresa facilitar su acción y el cierre de contratos.
Finalmente, la economía también depende de un efectivo suministro de fluido eléctrico, libre de interrupciones y cortos circuitos, con el fin de que las fábricas y los edificios de oficina puedan realizar sus tareas de manera continua.
IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA FISCAL EXPANSIVO
Una de las medidas urgentes en este período de crisis es impedir que el consumo se desplome. La eliminación de las fuentes de empleo existentes y la incapacidad de la economía para generar nuevos empleos, provoca una caída en el consumo así como en las tasas de ahorro. Para impedir este desplome, es necesario el recorte o eliminación de impuestos. Una primera ruta sería la disminución del IVA del 15% a una tasa del 10%. También es posible considerar la eliminación de impuestos como el ISAN (Impuesto sobre autos nuevos), que tiene un crecimiento real negativo de alrededor de 20% como promedio en 31 entidades federativas de 2008 a 2009; o bien la cancelación de pagos impositivos como la tenencia, que en 21 de los 32 estados presenta un decrecimiento en sus niveles de recaudación, de 2008 a 2009.
Nuevamente, esta situación de crisis puede convertirse en una oportunidad para reformar el sistema de recaudación y distribución de impuestos a nivel federal y estatal. En México, persiste una alta dependencia de transferencias federales por parte de las haciendas públicas estatales para encarar responsabilidades de gasto local. El monto de las aportaciones federales hacia los estados, representan alrededor del 40%, mientras que los recursos recaudados localmente son de apenas el 10%.
Como es natural, en un país en vías de desarrollo como el nuestro, un sistema de impuestos tendrá mejor aceptación siempre y cuando su administración sea honesta y eficiente, lo cual tenderá a minimizar la evasión fiscal tanto legal como ilegal. Un renovado sistema de impuestos deberá regirse por estándares de equidad, eficiencia y buena administración. La equidad requiere una clara definición de ingreso así como la no discriminación entre las distintas fuentes de ingreso. Una deficiencia importante de nuestro sistema impositivo es que no existe un solo tipo de impuesto para todos los ingresos. Los impuestos están separados según las diversas fuentes de ingreso. Los asalariados tienden a ser discriminados con respecto a las personas que prestan sus servicios profesionales y los pequeños comerciantes. La capacidad para cubrir impuestos no sólo deber ser medida por el ingreso sino también por la riqueza. La equidad debe implicar, tasar la riqueza a través de una combinación de nivel de ingreso y posesión de bienes inmuebles.
Otra de las tareas pendientes y ahora necesarias en México, es la ampliación de la base tributaria. Ante una disminución de la recaudación fiscal provocada por el entorno recesivo y la disminución o eliminación de algunos impuestos, se hace necesario acrecentar el número de personas que aportan al fisco, así como la eliminación de privilegios en el pago de impuestos para las grandes empresas, las cuales aportan en promedio, tan solo el 16% del total de la recaudación de ISR e IVA, cifra menor a la que aportan los asalariados al erario público. México es el país con la más baja recaudación fiscal entre las naciones miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pero nuestra base tributaria podrá ser ampliada, siempre y cuando el sistema sea capaz de regirse bajo los principios mencionados anteriormente.
