lunes, 14 de febrero de 2011

Llaman fuerzas armadas egipcias a poner fin a las huelgas

El Cairo. Las Fuerzas Armadas, al mando de Egipto desde el viernes pasado, tras la renuncia del presidente Hosni Mubarak, llamaron este lunes a los ciudadanos y a los sindicatos a poner fin a las huelgas.

En tanto, los ciberactivistas que impulsaron las protestas de Egipto que provocaron la caída del presidente Mubarak y el ejército, ahora con plenos poderes, discuten las reformas democráticas tras la disolución del parlamento y la suspensión de la Constitución.

Según estos cibermilitantes, los militares tienen previsto proponer enmiendas a la Constitución en los próximos diez días y someter estos cambios a un referéndum dentro de dos meses, siguiendo las reivindicaciones de los manifestantes.

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas indició el domingo que asumía "la administración de los asuntos del país provisionalmente durante seis meses o hasta el final de las elecciones legislativas y a la presidencia de la República".

El ejército mantendrá el gobierno formado por Mubarak el 31 de enero para la gestión de los asuntos corrientes.

"Nos hemos reunido con el ejército (...) para comprender su punto de vista y explicarles el nuestro", dijeron Wael Ghonim, el joven informático convertido en icono de la revuelta, y el bloguero Amr Salama, en una nota con el título "Cita con el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas" en una página prodemocrática.

Ghonim, ejecutivo de Google, pasó 12 días detenido durante las manifestaciones y dijo haber estado todo el tiempo con los ojos vendados.

Este encuentro entre activistas y fuerzas armadas marca una ruptura con el régimen de Mubarak, que tardó mucho tiempo en darse cuenta de que los movimientos originados en Internet podían ser una importante fuerza de oposición.

"El ejército dijo que no aspiraba a gobernar Egipto y que el futuro de Egipto reside en el poder civil", según Ghonim y Salama.

El ejército egipcio empezó el domingo a desmantelar las instituciones del régimen del ex presidente Hosni Moubarak, que cedió el poder el viernes tras 30 años a la cabeza del país, como consecuencia de 18 días de una revuelta popular sin precedente.

La disolución del parlamento, tras las elecciones celebradas a finales de 2010 y donde hubo, según la oposición, fraudes masivos, así como la revisión de la Constitución, que limita el número de candidaturas a la presidencia, formaban parte de las reivindicaciones políticas de los manifestantes.

El gobierno de Ahmad Chafic, que se reunió el domingo por primera vez desde la salida de Mubarak, aseguró que la seguridad sería su principal prioridad.

Según los jóvenes activistas, el ejército también prometió "demandar ante la justicia a todas las personas acusadas de corrupción, sea cual sea su cargo actual o en el pasado".

Los militares, acusados por grupos de defensa de derechos humanos de haber metido en la cárcel y torturado a los manifestantes durante la revuelta, también se comprometieron a "encontrar a todos los manifestantes desaparecidos", según Ghonim y Salama.

Los manifestantes y la población reconocieron; sin embargo, la moderación del ejército durante los enfrentamientos, al contrario de la policía, implicada en los principales actos violentos durante la revuelta.

El lunes, los coches volvían a circular normalmente por la plaza Tahrir, el epicentro de la revuelta en El Cairo. Sólo un pequeño grupo de militantes seguía movilizados, rodeado por un cordón militar.

No obstante, todavía se veían grandes retratos de los "mártires" de la revuelta popular durante la cual murieron al menos 300 personas, según un balance de Naciones Unidas aún por confirmar.

El domingo, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, empezó una ronda de contactos telefónicos para hablar del proceso de transición democrática en Egipto con varios dirigentes, entre los que figura el ministro de Relaciones Exteriores de India.

Por su parte, el ministro británico de Comercio, Vince Cable, consideró que los bienes en el extranjero del ex presidente Mubarak, si existen, tendrían que ser el objeto de una "acción internacional concertada".

Fuente: La jornada

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